El proyecto, que ingresó a la Cámara baja el 8 de octubre pasado y pasó a las comisiones de Empleo, Previsión y Seguridad Social, y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas prohíbe “realizar descuentos en los recibos de haberes de los empleados públicos de la provincia, por parte de terceros, salvo aquellos establecidos expresamente por ley”.

Además, establece que los empleados públicos “tendrán el derecho a elegir libremente su obra social, sin estar obligados a afiliarse a Iosper”. A la vez, dispone que no se efectúen descuentos automáticos en sus haberes “por concepto de aportes a obras sociales, independientemente de la obra social que elijan”.

En esa línea, la legisladora propone que, al afiliarse a una obra social, los trabajadores estatales “deberán gestionar de manera privada y directa los aportes correspondientes, sin intervención del empleador en el proceso de descuento o retención de haberes”.

Entre los fundamentos, Salinas explica que el objetivo de su propuesta es, por un lado, “garantizar la libertad de elección de los empleados públicos de la provincia, en cuanto a su cobertura de salud” y, por el otro, “regular los descuentos efectuados en sus haberes para evitar deducciones automáticas de terceros, tales como mutuales o cualquier entidad ajena, que distorsionen la verdadera remuneración de los trabajadores”.

Para la diputada libertaria, “el derecho a elegir libremente la obra social es fundamental para la autonomía de los trabajadores” y, en ese sentido, señala que en la actualidad esto se encuentra limitado porque se obliga a los empleados públicos a afiliarse automáticamente al Iosper. “Este proyecto busca revertir esa situación, permitiendo que los empleados públicos seleccionen la obra social que mejor se adapta a sus necesidades personales y familiares, sin imposiciones”, aduce.

Arguye que también “favorece la competencia, mejorando la calidad de los servicios ofrecidos, ya que los empleados podrán elegir la cobertura que mejor se ajuste a sus expectativas y necesidades”.

Respecto a los códigos de descuento que se aplican automáticamente en los recibos de sueldo de los empleados públicos, tanto de obras sociales como de mutuales, cooperativas y otras entidades, la legisladora sostiene que “afectan la claridad sobre cuánto están realmente cobrando los empleados”.

“El recibo de haberes, en muchos casos, se ha convertido en una carga burocrática que favorece a terceros, a expensas del salario neto de los trabajadores”, apunta Salinas, quien manifiesta que “el Estado bajo ningún concepto debe asumir tamaña responsabilidad de garantizar el pago a terceros”.

Cabe recordar que una iniciativa de la diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos) se expresa en términos similares respecto a los descuentos, por lo que proponía proteger el recibo de sueldo de los empleados estatales activos o pasivos de Entre Ríos “de toda deducción que no proviene de un organismo judicial o provincial”.

Salinas, en los fundamentos, enuncia que su propuesta “busca devolver a los empleados el control real sobre su salario, promoviendo una mayor responsabilidad en la gestión de sus aportes a servicios voluntarios y evitando la sobrecarga de deducciones”.

Fuente: APFDigital