El gremio defendió la vigencia de la ley de enganche salarial que rige en la Provincia desde 2011 y que liga el ingreso de los empleado de la Justicia provincial al esquema que aprueva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que para el primer semestre de 2023 ha significado una recomposición del 54,8%. «De todas formas y debido al proceso inflacionario que padecemos, y que el gobierno nacional no puede controlar por su debilidad y pasividad frente a los factores del poder económico y los formadores de precios, nuestro salario como el de todos los trabajadores se ve permanentemente deteriorado», dice el documento que aprobó en Villaguay el plenario de la AJER.

Aquella Ley de Emergencia N° 10.806 que rigió durante la pandemia de coronavirus tuvo efectos en los ingresos de los empleados de la Administración por  aplicación de los artículos 4°, 6° y 10°, publicó EntreRíosAhora.

El artículo 4° de la Ley de Emergencia estableció: “En razón del estado de emergencia declarado, y con el fin de mantener el sostenimiento del régimen previsional provincial, los aportes personales se calcularán sobre el total de la remuneración liquidada al personal en actividad según el siguiente esquema:

Salario Nominal (en $) – Aportes Personales (en %)

a) hasta 75.000 – 16 %

b) desde 75.001 a 100.000 – 18%

c) desde 100.001 a 200.000 – 20%

d) desde 200.001 en adelante – 22%”.

En tanto, el artículo 6° de la norma, fijó aportes “solidarios extraordinarios” para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones y se estableció que serán calculados en forma proporcional al nivel de ingresos, a detraer sobre el monto total nominal liquidado a cada uno de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

Quienes tengan un salario desde $75.001 a $100 mil aportarán un 4%; desde $100.001 a $200 mil un 6%; desde $200.001 a $300 mil un 8% y desde $300.001 en adelante aportarán un 10%.

El artículo 10º suspendió las facultades que por cualquier normativa hayan sido atribuidas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los Entes Descentralizados, Autárquicos, Autónomos,  Empresas y Sociedades del Estado para “el incremento de haberes cualquiera fuera el concepto o denominación,  por fuera de lo que pudiere acordarse en el marco de las Paritarias de la Administración Central”.

La Ley de Emergencia, aprobada el 2 de julio de 2020 por la Legislatura, tuvo vigencia hasta mediados de 2021 y no fue prorrogada..

Las consecuencias en el tiempo de aquella norma llevó a la AJER a emitir el siguiente pronunciamiento: “Esto establece condiciones apremiantes para que los judiciales entrerrianos retomemos con medidas de acción gremial que se irán evaluando, el justo reclamo de recuperar el 25,57 % que nos quitó el Gobierno provincial con la aplicación de la Ley de Emergencia de 2020/2021, la que haquedado muy claro que fue hecha con el fin de reducir los salarios de los trabajadores judiciales”.

Pero además, el gremio de los judiciales entrerrianos puso distancia de la incursión de otro sindicato en la Provincia, que ha entablado buena relación con la presidencia del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina: la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que tiene cierto peso en Paraná, que lidera el dirigente Julio Piumato

Sin nombrar a Piumato ni al otro sindicato, el documento del plenario de AJER señala: “Así, los más de 50 compañeros y compañeras de cada rincón de la provincia abordamos un debate profundo sobre la situación salarial y la defensa irrestricta del sistema salarial conquistado por AJER hace ya 40 años, y que a pesar de los avatares los judiciales entrerrianos hemos sabido defender y mantener, aun cuando en muchos casos como el de los trabajadores de la Justicia Federal lo perdieron por la traición de su principal dirigente, con más fama en la prensa que en los lugares de trabajo”.

Y fustigó todavía más a Piumato –sin dar su nombre- al que considera un “personaje que hoy despliega en nuestra provincia estrategias burocráticas ligadas claramente a intereses particulares que ponen en riesgo nuestro sistema salarial que tanto nos ha costado conquistar y mantener”. El pronunciamiento del gremio judicial entrerriano añade: “Frente a esto, AJER ratificó con claridad la vigencia y defensa de nuestra Ley 10.068, lograda en 2011, que establece el sistema de actualización salarial y el de antigüedad en el poder judicial entrerriano, ratificando el compromiso de cada dirigente de AJER de esclarecer la situación y actuar en función de la defensa de nuestros intereses colectivos, evitando caer en la trampa de servir a objetivos ajenos que nos ponen en riesgo”.