“Hay un montón de pasos y chequeos legales”, afirmó uno de los encargados de darle forma al decreto de necesidad y urgencia, para explicar la demora. De todos modos, según pudo saber La Nación de fuentes oficiales, el ambicioso y voluminoso decreto en su versión final incluiría no sólo cambios en la legislación laboral como la habilitación del “modelo Uocra” de modo optativo, para que las empresas puedan implementar un fondo de desempleo que reemplace las indemnizaciones, sino además modificaciones a los períodos de prueba en las empresas, que pasarían de los tres meses actuales a ocho meses.

En el por ahora borrador del capítulo 3 del decreto, dedicado al mundo laboral, también se incluyeron especificidades, como en el caso de contratantes de empresas tercerizadas (vigilancia, alimentación, limpieza) que no serán “solidarias”, es decir, no llevarán las de perder en caso de litigio entre empleadores y empleados. La distinción entre “salario” y “sueldo” excluiría a las bonificaciones en el caso de las indemnizaciones por despido. Y a pedido de la Iglesia, según informaron fuentes del Gobierno, los eventuales monotributistas de gremios como el de la construcción no tendrán tampoco ventajas a la hora de cobrar un resarcimiento indemnizatorio.

Otros puntos apuntan a disminuir la litigiosidad laboral y a bajar los conflictos colectivos, bajo el argumento de “mejorar la competitividad de las empresas”. Son todas formulaciones que podrían generar fuerte resistencia de las centrales sindicales. Además, se planifica reducir el sistema de multas a los empleadores que está planteado en la Ley de Empleo 24.013.

El decreto, hasta ahora un misterio en buena parte de su contenido, contendría un plan de achicamiento de los gastos en la planta estatal, diseñado por el expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger, que este martes asistió a la reunión de gabinete matinal en Casa Rosada, y en el que colaboran distintos ministros y el consultor Santiago Caputo. El capítulo del achicamiento de los gastos del Estado incluiría otras reformas, como la reducción de choferes para funcionarios y el traspaso de la flota de vehículos a las fuerzas de seguridad.

También habría modificaciones en la ley de Empleo Público, cambios que podrían efectuarse sin necesidad de pasar por el Congreso, como sí deberán hacerlo la marcha atrás en la baja del piso de Ganancias; modificaciones en las empresas públicas (YPF, Aerolíneas Argentinas y la red de empresas de comunicación del Estado) para que puedan convertirse en sociedades anónimas; la reforma de cuatro leyes económicas con el objetivo de promover la inversión privada en infraestructura; y la eliminación de las PASO y la implementación de la Boleta Única papel para ser utilizada a nivel nacional en las próximas elecciones legislativas, uno de los pedidos concretos que el Presidente hizo a los gobernadores durante la reunión en Casa Rosada.