La iniciativa está orientada a reforzar la transparencia y garantizar que los funcionarios públicos que ocupan cargos clave, desempeñen sus funciones con la máxima responsabilidad.

El proyecto abarca a funcionarios de alto nivel en los poderes Ejecutivo y Legislativo y organismos descentralizados; y menciona específicamente a Secretarios Generales, Ministros, altos mandos de la Policía y del Servicio Penitenciario, Directores, Jefes de área, entre otros cargos jerárquicos.

También involucra a los legisladores, tanto Diputados como Senadores, así como a Secretarios y Prosecretarios de Cámara.

El texto establece que la autoridad de aplicación, el Ministerio de Salud o su futuro reemplazo, podrá ampliar el alcance del control, pero no excluir a las personas mencionadas.

Lena explicó que la medida busca fortalecer la ética y la integridad en la gestión pública. "La función pública exige que quienes gestionan actos de gobierno o representan al pueblo lo hagan con honestidad, tanto en lo profesional como en lo personal. No es aceptable que quienes enfrentan el narcotráfico estén vinculados al consumo problemático de drogas", afirmó.

Procedimiento y alcance de la normativa

El proyecto de ley incluye un programa de control que permitirá aplicar narcotests aleatoriamente a los funcionarios y establece un procedimiento detallado que incluye medidas de prueba y contrapruebas, ayuda al personal para quienes resulten positivos, y como la suspensión o separación de la carga dependiendo de la gravedad del caso. Además, invita a los Intendentes, municipios y comunas, así como al Poder Judicial, a adherirse a la iniciativa.

Lena subrayó que los controles "no atentan contra los derechos individuales", ya que se realizarán bajo estrictas normas de confidencialidad y respeto a la privacidad de los funcionarios. "El control preventivo no solo busca detectar situaciones de riesgo, sino también ayudar a quienes puedan estar vinculados a consumos problemáticos", destacó.

En sus fundamentos, la diputada insistió en que la compra y consumo de drogas ilegales no, solo afecta a nivel personal, sino que contribuye al financiamiento de redes criminales que erosionan la seguridad y el bienestar de la sociedad. "El consumo de drogas ilegales es más que un problema personal; alimenta redes delictivas que socavan la seguridad del Estado y la capacidad de toma de decisiones de sus funcionarios", señaló.

Lena concluyó que la integridad de los funcionarios es fundamental para preservar la confianza de los ciudadanos en la gestión pública. "Este proyecto busca garantizar una administración pública transparente, responsable y comprometida con las necesidades de los entrerrianos", finalizó. (APFDigital)