La Secretaría de Transporte, bajo la gestión del Ministerio de Economía, presentó esta semana una medida cautelar para garantizar el derecho de acceso gratuito al transporte de media y larga distancia a las personas con discapacidad, frente a los reiterados incumplimientos de empresas del sector. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) impulsó esta acción legal, en busca de una respuesta judicial que ordene a las empresas que respeten la normativa vigente y no limiten el acceso de las personas con certificado de discapacidad a estos servicios. El propio Gobierno había eliminado las normas que forzaban al sector a proveer estos servicios a principios de mes.

La decisión de recurrir a una medida judicial se suma a una serie de acciones sancionatorias realizadas recientemente por la CNRT en respuesta a quejas de usuarios y denuncias recibidas. Durante las últimas semanas, la CNRT llevó adelante un proceso de multas e intimaciones a más de 44 empresas, debido a su negativa a brindar los pasajes gratuitos exigidos por la ley. Según informaron desde el organismo, estos incumplimientos están vinculados a la reciente desregulación del transporte automotor de media y larga distancia, que algunos actores interpretaron como una liberación de sus obligaciones hacia las personas con discapacidad.

De acuerdo con el secretario de Transporte, Franco Mogetta, la desregulación permite a las empresas del sector ajustar su oferta en función de la demanda, eligiendo libremente rutas, tarifas y horarios. Sin embargo, Mogetta subrayó en sus redes sociales que esta medida “no libera a las compañías de su responsabilidad de cumplir con el sistema de protección para personas con discapacidad”. Al respecto, el secretario enfatizó que la CNRT mantendrá controles estrictos y sancionará a quienes incumplan la normativa que garantiza el acceso sin costo a los pasajeros con certificado de discapacidad.

La desregulación del transporte interjurisdiccional de pasajeros, establecida a través del Decreto 883/23, introdujo una serie de cambios significativos en la operatividad del sector. Esta medida permitió que las empresas definan por sí mismas las condiciones de prestación, eliminando la clasificación de los servicios en público, tráfico libre, ejecutivo y turístico. Además, las empresas ya no están obligadas a realizar sus paradas en las terminales, un cambio que implica una reducción de los costos de operación asociados al “toque de dársena” que se abonaba en estas estaciones.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, transfirió todas las operaciones de transporte interjurisdiccional de pasajeros a un modelo de competencia sin restricciones de entrada para nuevos actores. Con este cambio, la licencia que habilita a realizar transporte interjurisdiccional en el país dejará de ser obligatoria en los próximos meses, y se habilitarán operaciones tras una notificación de cinco días a través de una plataforma digital. También se eliminó el límite de 10 años en la vigencia de los permisos, un aspecto que flexibiliza aún más la entrada y salida del mercado para nuevas empresas.

Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI), los representantes del sector mostraron su rechazo a la reciente avalancha de sanciones y multas, argumentando que las empresas ya no cuentan con subsidios estatales y enfrentan una creciente presión financiera. Según voceros de CELADI, la gratuidad para personas con discapacidad afecta especialmente a los operadores más pequeños, quienes alegan desigualdad de condiciones frente a los nuevos actores que pueden prestar el servicio sin asumir las mismas responsabilidades.

CELADI sostiene que el costo económico de brindar pasajes gratuitos representa una carga desproporcionada sin el respaldo de subsidios estatales, que anteriormente compensaban parcialmente este tipo de servicios. Argumentan que el cumplimiento de la normativa en el contexto de desregulación impone una competencia desigual entre las empresas, dado que los nuevos operadores pueden evadir estas obligaciones y aun así ofrecer los mismos servicios. Según el vocero Gustavo Gaona, CELADI solicitó una reglamentación que establezca “igualdad de condiciones” para todos los actores del sector, instando al Estado a asumir un rol de mediador en la cuestión.

Por su parte, la Secretaría de Transporte considera que la medida cautelar es necesaria para reafirmar la vigencia de los derechos adquiridos y evitar el abuso por parte de las empresas, que en varios casos han interpretado la nueva normativa como un desligamiento de sus obligaciones hacia el sistema de protección integral para personas con discapacidad. Los voceros de la Secretaría aclararon que el gobierno “continuará con las sanciones a aquellos que no respeten el acceso gratuito al transporte para quienes tengan su certificado de discapacidad en regla”. La acción legal impulsada busca que la Justicia ordene a CELADI y sus empresas asociadas a “cumplir con sus obligaciones en el marco del sistema de protección”, aseguraron desde la CNRT.

Este conflicto entre el sector empresarial y el gobierno surge a partir de la liberalización del transporte automotor, que además de flexibilizar la estructura tarifaria y los permisos de operación, eliminó las bandas tarifarias y liberó a las empresas de la política de devolución de pasajes ante cancelaciones. Esto ha generado una reconfiguración del sistema de transporte, modificando las obligaciones de servicio público que estaban en vigor previamente.

El representante de CELADI advirtió que, de no establecerse un acuerdo con el gobierno, las empresas del sector podrían iniciar acciones legales. Además, mencionó que ya se realizaron pedidos para que se conforme una mesa de trabajo junto al gobierno, con el fin de discutir las normas de implementación de la nueva regulación. CELADI también solicitó una reunión para aclarar los detalles pendientes sobre cómo se llevará adelante el control de los servicios, dado que, según el nuevo decreto, los transportistas ya no estarán obligados a pasar por las terminales. Esto deja dudas en torno a los mecanismos de control que el gobierno podría utilizar para supervisar el cumplimiento de la normativa en todo el territorio.

Desde la Secretaría de Transporte explicaron que el control de los requisitos de seguridad seguirá en manos de las jurisdicciones locales, quienes estarán autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial para realizar las inspecciones y exámenes correspondientes. En cuanto a las licencias, las autoridades indicaron que el registro de transportistas será público y en línea, facilitando a los nuevos actores la entrada al mercado y la asignación de recorridos.