El Gobierno anunció este martes que los hospitales públicos y las universidades nacionales podrán cobrarles aranceles a los extranjeros. Además, incorporarán nuevos delitos para impedir el ingreso o avanzar con la expulsión de inmigrantes.

Así lo anticipó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. “El Gobierno nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio. El objetivo de las medidas, como de todas las medidas que tomamos, es avanzar hacia un país ordenado y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos”, dijo en el inicio de su exposición.

Y siguió: “Los organismos nacionales, provinciales y municipales van a determinar las condiciones de la atención a la salud, incluso la posibilidad de cobrar aranceles”.

“Desde que se tomó esta medida en Salta, bajó un 95% la atención a extranjeros y hubo un ahorro de 60 millones de pesos para las arcas de esa provincia. Nos despedimos de los famosos tours sanitarios que son tan conocidos en la República Argentina por desgracia”, amplió Adorni.

Y continuó: “Esto implica, desde ya, no solo el ahorro fiscal que pueda significar, sino también una mejor atención para el resto de los ciudadanos que efectivamente son residentes de nuestro país”.

La posibilidad de cobrar aranceles a los extranjeros se extenderá a la educación universitaria, tal y como anunció Adorni. “Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio. Uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”, remarcó.

A su vez, el responsable de la comunicación presidencial adelantó que el Código Penal incorporará “nuevos delitos para impedir el ingreso o avanzar con la expulsión de inmigrantes”, según el caso.

 “Si a un inmigrante se lo atrapa cuando está cometiendo el delito o violentando el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su ingreso al país”, especificó.

Adorni mencionó que tampoco podrán ingresar quienes presenten documentación apócrifa o cuando “se sospeche” que el motivo de su ingreso es distinto al que declaró al realizar el trámite migratorio. El proyecto prevé penas de prisión para quienes violen la prohibición de reingresar al país.

El propósito de estas iniciativas, según el vocero presidencial, es que el residente argentino “esté por encima de los no residentes”. Y concluyó: “Poner al servicio la salud de un extranjero que viene a sacarle recursos a un argentino es bastante poco justo”.