El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), vocal Leonardo Portela, afirmó hoy que “a partir de la base de que 2024 fue un año difícil, con obstáculos económicos y financieros que retrasaron, y en ocasiones, frenaron la ejecución de varios proyectos, esperamos que puedan concretarse este año”.

En su discurso, al dejar inaugurado oficialmente la apertura del Año Judicial 2025, destacó que diariamente se trabaja para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y evitar que la frustración lleve a la barbarie de hacer justicia por mano propia. Asimismo dijo que “el Poder Judicial enfrenta hoy el desafío de asumir responsabilidades que exceden su función, en gran medida porque se desconoce su verdadero rol dentro del sistema de gobierno. Esta confusión genera una tendencia a judicializar problemas que deberían solucionarse en otros ámbitos institucionales”.

Estuvo presente, el gobernador de la provincia Rogelio Frigerio. El presidente del STJ estuvo acompañado por la vicepresidenta del Alto Cuerpo, vocal Laura Mariana Soage; el vocal Germán Carlomagno; las vocales Susana Medina y Claudia Mizawak; el vocal Miguel Ángel Giorgio; la vocal Gisela Schumacher y el vocal Carlos Federico Tepsich. Además asistieron el Procurador General de la provincia, Jorge Amílcar García y el Defensor General, Maximiliano Benítez.

Al repasar lo hecho, Portela destacó la convocatoria para cubrir cargos ocupados de manera interina y la regularización de la planta de personal, al tiempo que valoró la renovación de la flota de vehículos del Poder Judicial, sin costo, a partir de la asignación como depositario de vehículos secuestrados a organizaciones delictivas. Además, resaltó la subasta de unidades en desuso o de reparación antieconómica, previéndose para este año el remate de otros siete vehículos.

Ponderó la incorporación del lenguaje claro en la redacción de actos administrativos y sentencias, al tiempo que recordó que durante 2024 se realizaron múltiples charlas, seminarios y capacitaciones para fortalecer esta práctica. “No se trata sólo de una obligación institucional, sino de un derecho ciudadano fundamental: el derecho a comprender las razones detrás de cada decisión judicial”, indicó el presidente del STJ También aludió al diseño de políticas judiciales mediante la delegación de la administración reglada en profesionales avanzados, para lo que se visitó a los poderes judiciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, con la atención puesta en la figura de administrador del Poder Judicial. “Si bien este proceso se inició localmente en 2014, durante la presidencia de la Dra. (Claudia) Mizawak, el estudio de la burocracia de los poderes judiciales mencionados permite observar que es posible avanzar más en este sentido”, precisó Portela.

Tras valorar la creación por parte de la Legislatura de 70 cargos en el Poder Judicial durante 2024, el presidente del STJ indicó que “se trata de un avance significativo, aunque es importante señalar que nuestro pedido inicial, basado en un estudio serio y responsable del 2023, contemplaba la necesidad de 152 cargos para garantizar un servicio de justicia acorde a las demandas actuales”. En ese sentido, explicó que la mayoría de los nuevos puestos serán asignados a profesionales integrantes de equipos técnicos para cumplir con la normativa vigente, que exige un seguimiento especializado en casos de violencia, tanto de género como doméstica.

Además mencionó que el año pasado se realizó el concurso de ingreso más grande en la provincia, con 4.400 inscripciones y 1.488 personas evaluadas, que se incorporarán en la medida en que se generen vacantes. “Este proceso implicó un esfuerzo logístico y de gestión de recursos muy arduo, por lo que brindamos nuestro reconocimiento a quienes trabajaron en su organización”, añadió Portela. Entre otras medidas, valoró la descentralización del personal de intendencia, incorporando agentes de mantenimiento y tareas generales en distintos puntos de la provincia, permitiendo que las tareas sean atendidas con mayor rapidez y reduciendo los costos de traslado.

El presidente del STJ informó que en 2024 pasado se efectuaron 34 juicios por jurados, superando la estimación realizada al sancionarse la ley que creó ese instituto, que proyectaba 14 debates por año. “Este sistema de enjuiciamiento plantea un reto financiero, dado que el costo promedio fue de 5,8 millones de pesos por juicio. Y para dar una idea de la evolución del tema, la semana pasada un juicio costó 9,4 millones de pesos. Como todos saben –continuó Portela- , en la Legislatura hay una propuesta de reforma de la ley que realizaron este Tribunal y los Ministerios Públicos, ya que entendemos que el sistema, tal como está planteado, es insostenible a largo plazo”.

También destacó el diálogo interinstitucional “porque entendemos que el Estado es uno solo y es nuestra obligación buscar soluciones eficientes”. Por eso señaló que junto al Tribunal de Cuentas se trabajó en la optimización de procesos administrativos, lo que permitió un ahorro en licitaciones, mientras que con el Instituto del Seguro se logró disminuir significativos costos luego de analizar los servicios contratados.

Portela puso de manifiesto la labor de la Mesa interinstitucional, que reúne a diversos organismos públicos y que busca asistir eficazmente a personas vulnerables, como las víctimas de violencia, las infancias y los adultos mayores. “No quisimos incurrir en el error frecuente de plantear objetivos extremadamente ambiciosos porque sabemos que la imposibilidad de cumplimiento lleva a la frustración.

Va nuestro reconocimiento a las distintas direcciones de la administración pública que se sumaron a la mesa”, agregó el presidente del STJ. Más adelante señaló la adopción de un protocolo que abrevió los plazos en el fuero contencioso administrativo. Y puso como ejemplo lo que sucede ante los planteos por concursos convocados por el Consejo de la Magistratura: “Obtienen respuesta en 30 días, algo inédito en la dinámica de un tribunal superior de provincia en el país y más aún en un tribunal de nueve miembros”.